El debate sobre el rol del Estado en la economía tiene hoy una versión actualizada y muy concreta: los grandes actores tecnológicos lo quieren ausente como árbitro pero presente como paraguas, dispuesto a garantizar libertad impositiva y a cubrir sus responsabilidades ulteriores sin intervenir en su funcionamiento ni en su tributación, y esa no es una posición neutral sino una postura política que conviene llamar por su nombre.
La Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sancionada en 1972, merece sin dudas una actualización, y nadie discute que el derecho societario debe acompañar la realidad económica y la iniciativa privada, pero una cosa es modernizar el marco normativo para el interés general y otra muy distinta es utilizarlo para construir un paraíso fiscal, un enclave jurídico aislado del ordenamiento nacional donde la legislación societaria sustituya a la ley de la Nación, sin cargas, sin controles y sin responsabilidades compartidas con el resto de los argentinos.
Una cosa es modernizar el marco normativo para el interés general y otra muy distinta es utilizarlo para construir un paraíso fiscal
Esta reforma no aparece sola, sino como parte de una secuencia de medidas que, tomadas en conjunto, van modificando el espíritu de la Constitución Nacional, que consagra la igualdad entre nacionales y extranjeros como principio fundante, desde los tratados de inversiones recíprocas de los años noventa y la incorporación del CIADI como foro de arbitraje que desplaza a la justicia argentina, hasta esta nueva ley de propiedad con beneficios diferenciales para el capital foráneo, cada paso parece aislado pero el conjunto construye un ordenamiento paralelo que no rinde cuentas ante ningún juez argentino.
Noel Eugenio Breard – Senador Provincial – UCR Corrientes
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