Ningún poder político se sostiene exclusivamente por la fuerza. Incluso los regímenes más autoritarios necesitan ser creídos, aceptados o al menos tolerados. De allí que toda dominación requiera una legitimación, es decir, un conjunto de ideas, narrativas y símbolos que expliquen por qué unos mandan y otros obedecen. La historia del pensamiento político puede leerse, en este sentido, como una historia de las ficciones de legitimación del poder: construcciones simbólicas necesarias para hacer posible el orden político.
La primera gran forma de legitimación fue la teológica. El poder se concebía como proveniente de Dios y el soberano gobernaba por derecho divino. Sin embargo, incluso dentro de esta concepción aparece tempranamente una tensión entre poder y justicia. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino sostiene que la ley humana solo obliga en conciencia cuando se orienta al bien común y es conforme a la ley natural. Cuando una autoridad gobierna de manera tiránica, es decir, en beneficio propio y no de la comunidad, sus leyes dejan de ser plenamente legítimas. De este modo, Tomás introduce un principio decisivo: el derecho de resistencia a la opresión, afirmando que una ley injusta no obliga moralmente. Aun dentro de la legitimación divina, el poder no es absoluto.
La modernidad transforma radicalmente el problema de la legitimación, y uno de sus hitos fundamentales es Thomas Hobbes. En Leviatán, Hobbes propone una legitimación contractual: el poder ya no desciende directamente de Dios, sino que pasa por el pueblo. Para escapar del estado de naturaleza —una guerra de todos contra todos—, los individuos celebran un contrato mediante el cual transfieren la totalidad de su poder a un soberano. Como sintetiza Hobbes, no es la verdad ni la justicia lo que funda la ley, sino la autoridad.
Este giro fue profundamente revolucionario, pero no democrático. En Hobbes no hay derecho de resistencia ni límites institucionales al soberano. El contrato social no controla al poder, sino que lo legitima en su carácter absoluto. El miedo al caos justifica la concentración total de la decisión. Esta concepción inaugura una línea autoritaria moderna que encuentra continuidad en Carl Schmitt. Para Schmitt, el soberano es “quien decide sobre el estado de excepción” y el núcleo de lo político no reside en la norma, sino en la decisión. El liberalismo, con su énfasis en reglas y procedimientos, sería incapaz de enfrentar los momentos críticos donde se juega la existencia misma del orden.
Esta lógica reaparece, con nuevas categorías, en el pensamiento de Ernesto Laclau. En La razón populista, Laclau sostiene que el pueblo no es un dato previo, sino una construcción política resultado de una articulación hegemónica. La legitimidad no surge principalmente de procedimientos institucionales, sino de la capacidad de un liderazgo para condensar demandas heterogéneas en una voluntad popular unificada. Aunque Laclau no defiende un autoritarismo clásico, comparte con Hobbes y Schmitt la centralidad de la decisión y del principio unificador frente a la fragmentación.
Frente a esta tradición autoritaria se desarrolla otra línea de pensamiento orientada a limitar el poder. John Locke sostiene que el contrato social no crea derechos absolutos, sino que el poder político existe para proteger derechos naturales preexistentes. Cuando el gobierno los viola, el pueblo recupera su derecho a resistir. En esta misma tradición se inscribe Jean-Jacques Rousseau, quien en El contrato social afirma que la soberanía reside en el pueblo y que la obediencia legítima es la obediencia a la ley que uno mismo se da como miembro del cuerpo político. A diferencia de Hobbes, el pacto no anula la libertad, sino que busca preservarla mediante la participación en la voluntad general.
La reflexión sobre la legitimación del poder alcanza una formulación clásica en Max Weber, especialmente en Economía y sociedad. Weber distingue tres tipos ideales de dominación legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. Esta última, propia del Estado moderno, se funda en normas impersonales y procedimientos previsibles. La democracia se inscribe en este tipo de legitimación: el poder no se obedece por quién manda, sino por las reglas que lo constituyen y, al mismo tiempo, lo limitan.
Estas transformaciones teóricas se expresan históricamente en tres grandes revoluciones que marcaron hitos en la limitación del poder. La Revolución Inglesa del siglo XVII quebró el principio del derecho divino de los reyes y estableció que el soberano podía ser juzgado. La Revolución Americana de 1776 fundó el poder sobre una constitución escrita, diseñada explícitamente para limitarlo mediante la división de poderes y los frenos y contrapesos. La Revolución Francesa de 1789 radicalizó el principio de soberanía popular, afirmando que la legitimidad política reside en la nación y no en el monarca.
De este largo recorrido se desprende una conclusión central: toda legitimación del poder es una ficción, pero no todas las ficciones son igualmente peligrosas. Bertrand de Jouvenel, en Sobre el poder, advierte que el poder tiende naturalmente a expandirse y que siempre busca justificarse mediante nuevos relatos. No es posible eliminar estas ficciones, pero sí elegir aquellas que permiten mayor control del poder.
En esta línea, Norberto Bobbio sostiene que la democracia no se define por la virtud de los gobernantes, sino por el conjunto de reglas que permiten controlarlos, limitarlos y reemplazarlos sin violencia. La democracia no garantiza decisiones justas, pero sí procedimientos que reducen el abuso. Por eso puede afirmarse que la democracia es la mejor ficción conocida: no porque sea perfecta, sino porque reconoce que el poder es humano, histórico y revisable.
En definitiva, la democracia no elimina el poder ni sus riesgos. Como advertía Jouvenel, todo poder tiende a crecer; como mostró Weber, toda dominación necesita ser creída; y como recuerdan Hobbes, Schmitt y Laclau, la tentación de concentrar la decisión en nombre del orden o del pueblo nunca desaparece. Sin embargo, a diferencia de las legitimaciones teológicas o autoritarias, la democracia incorpora mecanismos para limitar, controlar y remover el poder sin violencia. Tal vez por eso siga siendo válida la célebre afirmación de Winston Churchill, según la cual la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás que se han probado. Pero además, y sobre todo, la democracia construye ciudadanía, defiende los derechos humanos como límites infranqueables al poder y canaliza pacíficamente los conflictos inherentes a toda sociedad. No elimina el conflicto —porque eliminarlo implicaría suprimir la pluralidad—, pero lo amortigua, lo institucionaliza y ofrece una hoja de ruta para su tramitación pacífica. En un mundo atravesado por tensiones permanentes, esa capacidad de transformar el conflicto en deliberación y regla común sigue siendo su justificación más sólida y su mayor fortaleza.
Noel Eugenio Breard – Senador Provincial – UCR Corrientes
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