Existe un dicho popular que afirma que “el negocio del diablo es lograr que crean que no existe, porque así se mueve mejor”. Algo similar ocurre con las ideologías extremas cuando se presentan como redentoras del orden social: niegan su propia responsabilidad en los males que generan y desplazan la culpa hacia la democracia misma. De ese modo, operan con mayor eficacia, porque actúan sin asumir costos políticos ni morales. En este punto, la afirmación de Pablo VI —“el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”— revela toda su profundidad: no interpela solo a la economía, sino al corazón mismo de la vida democrática.
La frase ¿puede haber paz en sociedades estructuralmente injustas? constituye una pregunta política y filosófica de fondo. Frente a democracias tensionadas, polarización ideológica y frustración social creciente, la pregunta permanece. Las malas respuestas históricas no la han clausurado; por el contrario, la han vuelto más urgente.
La paz no puede reducirse a la mera ausencia de guerra, es, ante todo, un orden justo. Allí donde amplios sectores de la sociedad quedan excluidos del desarrollo, la violencia se manifiesta de múltiples formas, conflicto social, descreimiento institucional y ruptura de lazos comunitarios. La injusticia no es solo un problema moral; es también un factor de inestabilidad política. Por eso, el desarrollo integral —económico, social, cultural y humano— se vuelve una condición necesaria para la paz duradera.
Sin embargo, el desarrollo no se agota en el crecimiento económico. La historia demuestra que una sociedad puede crecer y degradarse al mismo tiempo. Cuando el progreso material no va acompañado de inclusión, participación y dignidad, se transforma en fuente de resentimiento por lo tanto el problema no es solo económico; es político y ético.
En este contexto, el siglo XX dejó un legado ambivalente, las dos grandes ideologías que prometieron resolver la cuestión del desarrollo, el liberalismo absoluto y el socialismo estatista ofrecieron explicaciones simples a problemas complejos y ambas fracasaron en producir sociedades más justas y pacíficas.
Solo un desarrollo integral, libre de fanatismos ideológicos y dogmas cerrados, puede convertirse verdaderamente en el nuevo nombre de la paz.
El liberalismo extremo estableció un mercado absoluto y minimizó la política. Bajo la promesa de eficiencia y libertad, redujo al ciudadano a consumidor y subordinó el bien común a la lógica de la rentabilidad. El resultado fue crecimiento para algunos y exclusión para muchos. Cuando las desigualdades se vuelven estructurales, la democracia comienza a erosionarse, no por su propia naturaleza, sino porque deja de ofrecer respuestas creíbles a las mayorías.
Por su parte, el socialismo real, en sentido inverso, estableció un Estado absoluto. En nombre de la igualdad, concentró el poder económico y político, anuló libertades y sofocó la iniciativa social. La justicia prometida derivó en burocracia, ineficiencia y nuevas élites. La democracia fue sacrificada en nombre de una emancipación futura que nunca llegó.
Más allá de sus diferencias, ambas ideologías comparten un rasgo central y profundamente dañino que es su tendencia a la polarización extrema. Cuando se presenta una visión parcial de la realidad, el adversario político deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo. Así, el debate público se degrada, la república se vacía de contenido y la sociedad queda atrapada entre polos irreconciliables. En este clima, las mayorías sociales se convierten en rehenes de minorías ideologizadas que disputan poder sin dar soluciones reales a los problemas estructurales.
En la Argentina actual, esta lógica se manifiesta de manera concreta. La polarización no se presenta como un enfrentamiento equilibrado entre extremos opuestos, sino que se inclina con mayor fuerza hacia un liberalismo económico absoluto que tiende a deslegitimar la política, el Estado y las instituciones republicanas en nombre de una supuesta eficiencia del mercado. Al presentar a la democracia como causa de los fracasos económicos, se oculta que la democracia convive con distintos sistemas económicos y no es responsable de su orientación ideológica. Esta operación tensiona el orden democrático y degrada la república, al convertir a las mayorías sociales en rehenes de una lógica que impone un principio parcial como absoluto y desatiende el bien común.
Ambos extremos, pese a su retórica confrontativa, terminan coincidiendo en un punto: niegan su propia responsabilidad histórica. Cuando los resultados de sus políticas se vuelven evidentes —desigualdad, pobreza, autoritarismo o frustración social—, evitan la autocrítica y trasladan la culpa a la democracia. Así, la democracia es presentada como ineficaz o corrupta, cuando en realidad lo que se encuentra en crisis es su convivencia con ideologías que la utilizan cuando les conviene y la desacreditan cuando limita su poder.
La democracia no es un sistema económico, sino que convive con distintos modelos y lo. que la tensiona no es la pretensión de imponer modelos absolutos que no reconocen límites ni responsabilidades. Cuando el mercado o el Estado se colocan por encima de la república, la democracia se vacía y pierde su capacidad de ordenar la vida social en función del bien común.
Frente a este panorama, la idea de una de un proyecto superador reaparece no como una fórmula técnica cerrada, sino como un camino ético. No se trata de una equidistancia cómoda, sino superador que rechaza la idea del mercado o del Estado absolutos, y devuelve centralidad a la persona humana. Esta vía reconoce la libertad económica y la iniciativa privada, pero afirma que se debe proteger el bien común. Reconoce el rol del Estado como garante de justicia, pero rechaza su hipertrofia y que reemplace el rol de la sociedad civil.
Principios como la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiariedad ofrecen un marco para pensar políticas públicas sin imposición de dogmas cerrados. La subsidiariedad evita tanto el individualismo extremo como el estatismo asfixiante; la solidaridad recuerda que no hay desarrollo auténtico sin inclusión. Estos principios no reemplazan a la política; la orientan.
En un mundo atravesado por crisis económicas, polarización ideológica y democracias fatigadas, el mensaje de Pablo VI conserva una vigencia inquietante, el fracaso de las respuestas históricas no invalida la pregunta original que seguirá abierta porque la paz no se impone ni se decreta, se construye. Solo un desarrollo integral, libre de fanatismos ideológicos y dogmas cerrados, puede convertirse verdaderamente en el nuevo nombre de la paz.
Noel Eugenio Breard – Senador Provincial – UCR Corrientes
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