Hoy, a media mañana, durante un reportaje con el periodista Antonio Villalba, de Posadas, Misiones, conversamos sobre un fenómeno que merece ingresar urgentemente en la agenda pública: el fuerte crecimiento del endeudamiento y del sobreendeudamiento de las familias argentinas. Y allí surgió una pregunta central: ¿estamos solamente ante un problema entre particulares, o frente a un fenómeno que, por su magnitud y por la existencia de causas económicas comunes, puede terminar convirtiéndose en un problema general y sistémico?
Cada deuda tiene su propia historia y quien asume una obligación debe, en principio, cumplirla, pero sería demasiado sencillo explicar un fenómeno masivo exclusivamente como la suma de malas decisiones individuales, porque más allá de cada caso particular existen al menos tres causas comunes y sobrevinientes que han deteriorado la capacidad de pago de numerosas familias. La primera es el fuerte aumento del precio de los servicios públicos y de los gastos esenciales, ya que la electricidad, el gas, el transporte y otros servicios indispensables absorben una proporción creciente del ingreso disponible. La segunda es la pérdida del poder adquisitivo cuando el costo de vida aumenta por encima de los ingresos, y allí comienza un proceso particularmente peligroso, porque el crédito deja de utilizarse solamente para comprar un automóvil, una heladera o financiar una inversión y comienza, en numerosos hogares, a financiar consumos cotidianos. La tercera, probablemente la más explosiva, es la existencia de tasas de interés extraordinariamente superiores a la inflación, y basta con tomar un ejemplo conceptual: si una economía registra una inflación anual del 30%, debemos preguntarnos cómo se justifican determinados financiamientos al consumo con costos del 100%, 120% anual o incluso superiores.
La situación se agrava cuando una familia ya no puede cancelar completamente el resumen de su tarjeta y comienza a pagar solamente el mínimo, porque el saldo se refinancia, genera nuevos intereses y puede iniciarse una dinámica difícil de revertir, y si después debe recurrirse a fintech, financieras extrabancarias o créditos asociados a comercios y cadenas de electrodomésticos, el costo puede resultar todavía mayor. Por eso necesitamos conocer algo elemental, que es cuánto cuesta obtener el dinero y cuánto se cobra finalmente por prestárselo a una familia, porque si una entidad obtiene recursos pagando, metafóricamente, 1 y termina prestándolos a 3, semejante spread debe ser explicado. Naturalmente existen costos operativos, riesgo, impuestos y una rentabilidad legítima, pero también debemos determinar cuánto puede derivar de mercados poco competitivos, de asimetrías de información o de posiciones dominantes.
Si una entidad obtiene recursos pagando, metafóricamente, 1 y termina prestándolos a 3, semejante spread debe ser explicado.
Aquí aparece una paradoja, porque si es un problema entre particulares, entonces existe el derecho privado, y si la respuesta oficial consiste en afirmar que el sobreendeudamiento es exclusivamente «un problema entre particulares», esos particulares también disponen de las herramientas que les proporciona el ordenamiento jurídico. Una persona humana que se encuentre en cesación de pagos puede consultar a un abogado y evaluar si corresponde solicitar su concurso preventivo conforme a la Ley 24.522, y la apertura judicial produce importantes consecuencias, ya que los acreedores anteriores deben verificar sus créditos y, como principio general, el artículo 19 establece la suspensión del curso de determinados intereses correspondientes a créditos de causa o título anterior a la presentación, con las excepciones previstas por la propia legislación. Posteriormente, el deudor puede formular una propuesta de acuerdo, que puede contener esperas, quitas u otras modalidades legalmente admisibles y extender el cumplimiento durante varios años, lo que no significa que una persona pueda decidir unilateralmente dejar de pagar durante un año o un año y medio, porque existe un procedimiento judicial, requisitos, costos y consecuencias patrimoniales.
Pero imaginemos que miles o decenas de miles de familias sobreendeudadas recurrieran simultáneamente a esas herramientas, y que los bancos, las tarjetas, las fintech, las financieras y los comercios debieran verificar masivamente sus créditos y afrontar los efectos de los concursos y de eventuales propuestas de pago extendidas en el tiempo. Lo que comenzó como un problema entre particulares podría convertirse, de ese modo, en un problema sistémico.
Lo que comenzó como un problema entre particulares podría convertirse en un problema sistémico.
Conviene recordar aquí a Shakespeare y su libra de carne, porque hace más de cuatro siglos planteó en El mercader de Venecia un conflicto que conserva una extraordinaria actualidad, cuando Shylock presta dinero a Antonio y establece una garantía monstruosa: si la obligación no se cumple en el plazo acordado, tendrá derecho a cobrarse una libra de carne del propio cuerpo del deudor. La genialidad de Shakespeare consiste en llevar hasta el límite una máxima esencial del derecho —pacta sunt servanda, los contratos deben cumplirse—, pero inmediatamente aparece la pregunta que atraviesa los siglos: ¿el cumplimiento literal de un contrato puede justificar cualquier consecuencia? En el juicio, Porcia encuentra dentro del propio derecho el límite, porque Shylock podrá reclamar la libra de carne estipulada, pero el contrato no le concede una gota de sangre, y la aplicación rigurosa de la cláusula termina demostrando la imposibilidad de ejecutar aquella pretensión monstruosa. No corresponde comparar literalmente aquella ficción con el sistema financiero argentino, sino recuperar su extraordinaria metáfora y preguntarnos hasta dónde puede llegar una obligación cuando existe una enorme asimetría entre las partes y circunstancias sobrevinientes colocan al deudor en una situación económicamente insostenible, porque cuatro siglos después debemos preguntarnos si permitiremos que las familias argentinas terminen pagando, metafóricamente, su propia libra de carne.
Cuatro siglos después debemos preguntarnos si permitiremos que las familias argentinas terminen pagando, metafóricamente, su propia libra de carne.
Y aquí aparece otra célebre referencia histórica, ya que una tradición prusiana atribuye al molinero que enfrentó el poder de Federico II una expresión que sobrevivió durante siglos: «Todavía hay jueces en Berlín». Más allá de cuánto exista de historia o de leyenda en aquel episodio, la frase representa algo extraordinariamente moderno, que es que incluso frente al poderoso debe existir un juez independiente capaz de hacer prevalecer el derecho, y podemos entonces invertir provocativamente aquella expresión y preguntarnos si falta un juez en Berlín, o si existen todavía jueces capaces de establecer que también los contratos encuentran límites en la ley, la buena fe y la razonabilidad.
Ahora bien, no esperemos a los jueces, y por eso quiero dejar planteadas cinco propuestas concretas. La primera medida debe ser construir un mapa nacional del endeudamiento familiar, incluyendo bancos, tarjetas, fintech, financieras extrabancarias y financiación comercial, porque debemos saber cuánto deben realmente las familias y cuánto de ese endeudamiento está financiando gastos corrientes. La segunda consiste en establecer transparencia absoluta sobre tasas y costo financiero total, ya que una familia debe conocer, antes de contratar, cuánto dinero recibe y cuánto terminará devolviendo. La tercera es estudiar los spreads extraordinarios y eventuales posiciones dominantes, porque la libertad contractual no puede significar indiferencia estatal frente a mercados profundamente asimétricos. La cuarta consiste en promover mecanismos de reestructuración preventiva y voluntaria del sobreendeudamiento, permitiendo consolidar obligaciones, extender plazos y acordar tasas razonables antes de llegar a la cesación definitiva de pagos. La quinta es fortalecer la protección del consumidor financiero, comprendiendo bancos, tarjetas, fintech, financieras extrabancarias y mecanismos de financiación vinculados a grandes cadenas comerciales.
No propongo premiar al incumplidor, porque las deudas deben pagarse y el crédito necesita seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica funciona en ambas direcciones, ya que protege al acreedor y también exige buena fe, información, razonabilidad y respeto por los derechos del consumidor. El error sería esperar que cientos de miles de problemas individuales terminen convirtiéndose en una crisis general, porque el sobreendeudamiento puede comenzar como un problema entre particulares, pero cuando las mismas causas afectan simultáneamente a una parte significativa de la sociedad, la suma de problemas privados adquiere dimensión pública y sistémica.
Shakespeare lo planteó hace cuatro siglos mediante una libra de carne y el derecho nos recuerda que todavía debe haber jueces capaces de establecer límites, pero la política tiene una responsabilidad anterior, que es evitar que las familias tengan que llegar a los tribunales para encontrar una solución. La pregunta final es incómoda, aunque necesaria: ¿vamos a estudiar y corregir las causas del sobreendeudamiento ahora, o esperaremos hasta que miles de familias, utilizando legítimamente las herramientas del derecho privado, conviertan aquello que algunos llaman «un problema entre particulares» en un problema de todo el sistema? En el siglo XXI, ninguna sociedad debería necesitar entregar su propia libra de carne para descubrir que el problema ya era colectivo.
En el siglo XXI, ninguna sociedad debería necesitar entregar su propia libra de carne para descubrir que el problema ya era colectivo.
Noel Eugenio Breard – Senador Provincial – UCR Corrientes
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